Un tribunal condenó a todos los imputados por caza furtiva de rinocerontes. ¿Por qué lo cerraron?

"¡Hacia allí, ahora! ¡Las huellas son recientes!", exclamó Sandra Snelling, gerente de operaciones de los Parques Nacionales de Sudáfrica (SANParks), enviando a un escuadrón de guardabosques a su próxima misión: atrapar a los cazadores furtivos que acababan de matar un rinoceronte en el Parque Nacional Kruger.

Era octubre de 2016, y había venido a Skukuza, un puesto de SANparks dentro del Kruger, para ver cómo se desarrollan las operaciones para combatir la caza furtiva en la famosa reserva de 19.485 km², donde vive el 30 por ciento de los 18.000 rinocerontes silvestres que se cree que quedan en el mundo.

Las operaciones de urgencia son muy comunes para estos guardabosques, quienes integran una unidad de operaciones especiales. El parque Kruger comprende áreas de las provincias de Mpumalanga y Limpopo, y ha sido durante mucho tiempo un destino clave de los cazadores furtivos que buscan a los rinocerontes por sus cuernos, explica Johan Jooste, exjefe de proyectos especiales de SANParks, la agencia que administra las reservas del país. Los cazadores furtivos son infiltrados de Mozambique, que comparte la frontera oriental de Kruger, así como pobladores locales sin recursos que venden los cuernos a redes criminales para que estos las exporten de contrabando a países asiáticos, principalmente China y Vietnam, donde se utilizan para la elaboración de medicinas tradicionales o para hacer brazaletes, grabados y baratijas.

En Kruger viven dos especies de rinocerontes: unos 500 rinocerontes negros, que tienen un labio puntiagudo para ramonear los arbustos, y un número mayor de rinocerontes blancos, con un labio recto y ancho que les sirve para pastar. Durante la última década, los cazadores furtivos han acabado con más de 8.200 rinocerontes en Sudáfrica; de 2012 a 2017, el número de rinocerontes blancos de Kruger disminuyó de 10.500 a unos 5.100.

Parece que, en los últimos años, se ha intensificado la lucha contra la caza furtiva, ya que las redes criminales estarían infiltrándose en las estructuras judiciales y burocráticas de Sudáfrica.

“Es difícil explicar la magnitud del problema”, afirma Andrea Crosta, directora ejecutiva de Earth League International, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que se dedica a luchar contra los delitos relacionados con la vida silvestre. Durante los últimos cuatro años, ha dirigido una investigación secreta sobre el tráfico y la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica. Crosta cree que “las organizaciones de caza furtiva pactan arreglos con muchos funcionarios del gobierno sudafricano. Y todas las bases se ven afectadas. Como resultado, la protección acaba siendo débil, corrupta y disfuncional, y las redes criminales se aprovechan de este escenario, donde los más perjudicados son los rinocerontes”.

Las asociaciones ilícitas de cuernos de rinoceronte son redes delictivas con una estructura muy jerarquizada, en las que hay jefes regionales que planean las operaciones y contratan a cazadores furtivos y mensajeros para obtener los cuernos de rinoceronte que comercializarán a nivel nacional. A su vez, esos comerciantes tienen conexiones con compradores en Asia y supervisan el envío de cuernos al extranjero. Como se describe en la investigación “The Poacher´s Pipeline” de Al Jazeera, suelen tener contactos estratégicos dentro de las fuerzas de control y autoridades gubernamentales, y eso les garantiza cierta protección para sus operaciones ilícitas.

Para ejemplificar estos probables entretejidos corruptos, los expertos apuntan al cierre repentino de la "corte sudafricana especial de rinocerontes", en Skukuza, ocurrido el año pasado. También es sospechoso que algunos de los empleados que trabajan para prevenir la caza furtiva, entre estos, guardabosques, investigadores y fiscales hayan sido desvinculados de sus puestos. Además de varias inacciones del gobierno, los defensores de la vida silvestre señalan que el Servicio de Policía de Sudáfrica no renovó un contrato para realizar pruebas de ADN que revelan evidencias de cuernos de rinoceronte.

Por lo tanto, el personal de las reservas, los investigadores, los fiscales, los abogados y las organizaciones de conservación se preguntan si hay varias partes involucradas en un plan concertado que socava la aplicación de la ley y aumenta las posibilidades de que los sospechosos de caza furtiva se salgan con la suya.

“Es fundamental enfrentar a las organizaciones criminales que financian y organizan la matanza de rinocerontes”, sostuvo Jooste en una investigación de la Iniciativa Global de 2016 sobre el crimen organizado transnacional y el tráfico de cuernos de rinoceronte. Hay que detener a los cazadores furtivos para preservar a los rinocerontes y ganar tiempo, dijo, pero la victoria no se conseguirá en la naturaleza, "la victoria solo puede ocurrir en los tribunales".Por eso, en marzo de 2017, se creó el Tribunal Regional de Skukuza para gestionar las audiencias y los juicios a los cazadores furtivos y traficantes de rinocerontes capturados en Kruger y sus alrededores.

Durante su primer año, el tribunal llevó ante la justicia a más de 90 cazadores furtivos, y todos recibieron condena, según Ansie Venter, una de los dos fiscales de Skukuza. Venter y su colega, quienes tenían experiencia en casos de delitos organizados y un amplio conocimiento de la ley relacionada con los delitos contra la vida silvestre, pronunciaron sentencias de prisión de 12 a 40 años. En todo el país, por el contrario, menos del 25 por ciento de los juicios similares resultaron en sentencias de más de 10 años, según las estadísticas de caza furtiva de rinocerontes para el año 2019 del Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca de Sudáfrica.

Las víctimas también disminuyeron. Según Edna Molewa, exministra de Asuntos Ambientales, en 2016, los cazadores furtivos mataron a 662 rinocerontes en Kruger. Al año siguiente, cuando el Tribunal Regional de Skukuza se hizo fuerte, el número se redujo a 504. El año pasado, en Kruger, se cazaron 328 rinocerontes. Sin embargo, aumentaron las matanzas de rinocerontes en parques de otras provincias, como KwaZulu-Natal y el noroeste, lo que sugiere que los cazadores furtivos habían comenzado a alejarse de Kruger.

"Cuanto mayor es la sentencia, mayor es el efecto disuasorio", me comentó Venter en mayo de 2018 cuando la visité en la oficina del tribunal de Skukuza, un despacho desolado lleno de cientos de archivos de casos.

Una decisión misteriosa

A pesar del rápido éxito del Tribunal Regional de Skukuza, el 28 de agosto de 2019, Naomi Engelbrecht, quien administra los tribunales regionales y de distrito en la provincia de Mpumalanga, ordenó transferir los 72 casos al Tribunal Regional de Mhala, a más de 80 km de distancia.

La decisión de Engelbrecht sorprendió a su jefe, Francis Legodi, el juez de la provincia de Mpumalanga. En circunstancias normales, Legodi, que coordina los tribunales inferiores y supervisa a los jueces de la provincia, hubiese participado en la decisión.

"Se tomó esta medida sin notificar a las partes que correspondían", comentó Chrispin Phiri, vocero del Ministro de Justicia y Servicios Correccionales, a Pippa Hudson, conductora de un programa radial de noticias el 20 de septiembre de 2019. "Es bastante preocupante para nosotros".

En dicha entrevista, Hudson explicó que “el cierre de la corte es muy sospechoso. ¿Acaso alguien está recibiendo dinero por parte de las organizaciones de caza furtiva, a quienes no les agrada que este tribunal sea tan eficaz?".

“Los cazadores furtivos prefieren ir donde las posibilidades de condena son menores y la penalidad menos rigurosa”, explicó Venter. “Saben que si el tribunal de Skukuza los declara culpables, estarán muchos años tras las rejas”.

Engelbrecht se negó a aportar información para National Geographic.

El cierre del Tribunal Regional de Skukuza fue tan atípico que el Departamento de Justicia y Servicios Correccionales solicitó una moratoria. Mientras tanto, Legodi ordenó que se reabriera el tribunal y que se devolvieran los casos pendientes.

Según el Tribunal Superior de Mpumalanga, Engelbrecht “sostuvo que optó por ignorar estas órdenes” y dejó en claro que las directivas no se podían aplicar en su juzgado, y por lo tanto, no tenían valor y quedaban nulas.

Durante los meses siguientes, Legodi reiteró las órdenes y Engelbrecht siguió desobedeciéndolas. Y cuando los fiscales pidieron formalmente a la corte de Mhala que transfirieran los casos de rinocerontes a Skukuza, Engelbrecht intervino como magistrada para denegar la solicitud. Ese fue un claro conflicto de intereses, según el Tribunal Superior de Mpumalanga, que aseguró que Engelbrecht intervino "para asegurarse de que se implementara lo que le convenía a ella".

Para resolver el conflicto, el Tribunal Superior de Mpumalanga revisó las acciones de Engelbrecht. La jueza había presentado una declaración jurada por escrito en la que señaló que había cerrado el tribunal porque consideraba que nunca se había suscrito de forma oficial y, por lo tanto, no era un lugar legalmente válido para llevar a cabo juicios.

El 24 de febrero, cuando el jurado del tribunal superior escuchó los argumentos orales, Engelbrecht no se presentó. En cambio, en representación de ella, habló Kgama Shai, una abogada penalista que defiende a presuntos cazadores furtivos que comparecerían ante el tribunal.

"El hecho de que Shai fuera su representante legal hizo que se cuestionaran sus intereses e integridad", sostiene Elise Serfontein, directora fundadora de StopRhinoPoaching.com, una organización sudafricana sin fines de lucro.

En un fallo del 22 de abril, el Tribunal Superior de Mpumalanga declaró inválidas las razones de Engelbrecht para cerrar el tribunal y decretó que "actuó de forma indebida" al desafiar las órdenes de Legodi y presentarse como magistrada para detener que se devolvieran los casos a Skukuza.

En la sentencia, los jueces también señalaron que Engelbrecht podría haber "impedido que se estableciera el tribunal regional en Skukuza por solicitud de los abogados de los cazadores furtivos acusados".

“Su conducta conlleva consecuencias perjudiciales concretas y potenciales”, concluyó el tribunal superior. "Es difícil creer que haya actuado de buena fe".

Hasta ahora, no se ha tomado ninguna medida disciplinaria contra Engelbrecht ni se la obligado a cumplir ninguna orden. Mahomed Dawood, secretario de la Comisión de Magistrados, un organismo que asesora al Ministerio de Justicia sobre la contratación y el despido de jueces, cuenta que "el asunto relacionado con ... Engelbrecht se encuentra actualmente ante el Comité de Ética".

Engelbrecht no respondió a varias solicitudes para hacer declaraciones a la luz del fallo del tribunal superior.

Demorar la justicia

El cierre del Tribunal Regional de Skukuza crea “un escenario de laissez-faire”, expresa Susie Ellis, ex directora ejecutiva y ahora asesora principal de la International Rhino Foundation. Sin este tribunal, "los cazadores furtivos pueden pensar que están no se los inculpará fácilmente por delitos contra la vida silvestre y, por lo tanto, se arriesgan más".

Los cazadores furtivos juzgados en el Tribunal Regional de Skukuza "saben que es muy probable que terminen presos", explicó la fiscal principal Venter. "Así que intentan demorar la justicia".

Según Venter, ella y su colega fiscal solían cerrar entre cuatro y ocho casos por mes, mientras que en el tribunal de Mhala, solo pudieron cerrar dos de sus casos relacionados con la caza furtiva de rinocerontes entre septiembre de 2019 y finales de febrero de 2020.

“Esa justicia lenta informa a los guardaparques que estos delitos no son una prioridad”, expresa Ellis.

Afecta la moral, agrega Serfontein. "Están jugando con el impulso interior de un guardabosques que hace que siga las huellas, sabiendo que probablemente terminará en un tiroteo, para lograr que finjan que nunca vio nada raro y se vaya a la casa sin hacer nada".

No está claro qué ocurrirá con el Tribunal Regional de Skukuza. Aunque el tribunal superior dictaminó la reapertura de Skukuza, este sigue cerrado y no hay información oficial acerca de una fecha probable. Tampoco se sabe si Englebrecht recibirá una penalidad. Ya perdió una vez y ha indicado que apelará, lo que podría retrasar aún más la reapertura del tribunal.

“Estamos esperando directivas del juez a cargo de Engelbrecht”, comenta Venter. “Miro a los jóvenes guardabosques, y me doy cuenta de que ya han hecho demasiado. Lo que corresponde es que se condene a estos delincuentes y se dicte una sentencia justa".

Personal suspendido

Según las estadísticas del Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca, durante los primeros seis meses de 2019, cuando el Tribunal Regional de Skukuza aún estaba abierto, los guardabosques de Kruger atraparon y llevaron a la justicia a casi todos los responsables de matar a los rinocerontes. Pero en la última mitad del año, cuando el tribunal estaba cerrado, la tasa se redujo a un arresto por cada dos o tres rinocerontes muertos.

Cuando un presunto cazador furtivo comparece ante el tribunal, el guardabosques que hizo el arresto debe estar presente. Para comparecer en el Tribunal Regional de Mhala a las 9 a.m. cuando comienzan las audiencias, los guardabosques de Kruger deben conducir durante varias horas. Luego, deben aguardar en el tribunal, y a veces solo les indican que su caso se retrasó o pospuso, explica Venter.

Cuando los guardabosques de Kruger se ausentan, los cazadores furtivos se aprovechan, explica Serfontein. “Puede haber de tres a cinco guardabosques esperando en la corte. Los mismos guardabosques que logran hacer los arrestos".

“Nuestros muchachos están preparados y comprometidos con la causa”, comenta Isaac Phaala, vocero del Parque Nacional Kruger. “Siempre han acudido y brindado pruebas. Se preocupan por que se haga justicia y por dar un testimonio preciso". Pero resalta que la obligación de viajar a Mhala ha sido un "inconveniente" que vuelve vulnerables.

Además, al final de la audiencia de un presunto cazador furtivo, se anuncia la fecha y la hora de la próxima. Esto significa que cualquier persona presente en la sala, que esté implicada en la caza furtiva de rinocerontes, cuenta con información clave que podría permitir un futuro ataque a los rinocerontes de Kruger, cuando los guardabosques estén nuevamente lejos de sus puestos.

¿Parte de un patrón?

“La eficiencia del equipo -los esfuerzos de los guardabosques que realizan los arrestos peligrosos y la policía que investiga los casos- es lo que permite que se condene a los delincuentes”, expresó Venter. Si ese equipo se ve afectado, morirán más rinocerontes. Es por eso que la reciente exclusión de dos personas clave, una de forma permanente y la otra temporal, es algo que Venter considera preocupante.

Leroy Bruwer temió por su vida, pero nunca abandonó la investigación de casos o dejó de hacer arrestos. A pesar de las amenazas, el oficial superior de la Dirección de Investigaciones Criminales Prioritarias de la fuerza policial de Sudáfrica fue un testigo clave en los casos contra los cazadores furtivos que se conocieron en el Tribunal Regional de Skukuza. También fue el detective principal en casos muy famosos contra los supuestos capos de la caza furtiva Joseph Nyalunga y Petrus Mabuza.

El 17 de marzo, Bruwer fue asesinado a tiros mientras conducía hacia el trabajo. El 19 de junio, según Lowvelder, un periódico local, la policía arrestó a un sospechoso, pero brindó pocos detalles, apenas expresó que “se trataba de un grave delito organizado".

Julian Rademeyer, director de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional para África Oriental y Meridional, una red de expertos globales y regionales con sede en Ginebra, afirma que el asesinato de Bruwer marca un cambio radical.

Cuando las redes delictivas no tienen ningún reparo a la hora de atacar, emboscar y matar a un oficial de policía, sabemos que estamos en territorio peligroso”, sostiene Rademeyer. "¿Quiénes serán los siguientes: fiscales, magistrados, jueces?"

Don English, de SANparks, está a cargo de los equipos de guardaparques y coordina las acciones y medidas frente a incidentes e incursiones de caza furtiva en la parte sur de Kruger. A lo largo de los años, ha recibido los elogios de los gerentes de Kruger, los funcionarios gubernamentales y las ONG por sus esfuerzos para frenar la caza furtiva de rinocerontes. Según un artículo de CityPress, en septiembre de 2019, un guardabosques de Kruger que había sido suspendido por sospecha de caza furtiva acusó a English de haberlo torturado.

El 11 de octubre, SANParks suspendió a English. Aunque aún no se ha resulto el caso, la agencia reincorporó a English a mediados de diciembre, y Phaala afirma que las organizaciones criminales suelen presentar denuncias como una estrategia para salirse con la suya.

Según Serfonotein, durante la suspensión de English, aumentaron las matanzas de rinocerontes. "Fuentes confiables aseguran que, en las pocas semanas que él estuvo suspendido, cazaron de forma furtiva, al menos, 50 rinocerontes”.

"Cualquiera puede presentar una denuncia", afirma. “Socavar los esfuerzos ambientales es tan fácil como eso. Todo lo que las organizaciones de caza furtiva deben hacer es arruinar la vida de las personas eficaces y ... quitarlos del medio durante el mayor tiempo posible".

Otras circunstancias sospechosas

Según Andrea Crosta de Earth League International, la forma en que algunos funcionarios del gobierno han llevado a cabo las decisiones -ya sea de forma intencionada o no-, obstaculizan los intentos de llevar los cazadores furtivos a la justicia.

Por ejemplo, durante el primer año del Tribunal Regional de Skukuza, la fiscal Venter y su colega asistieron a todas las audiencias y juicios. Esto fue posible porque el Tribunal de Distrito de Skukuza, donde se acusa a los presuntos cazadores furtivos y se fija por primera vez la fianza, se reunió en días diferentes a los del tribunal regional, donde se llevaron a cabo los juicios. Por lo tanto, lograron que se les negara la fianza "a cada cazador furtivo acusado".

Luego, a mediados de 2018, el Tribunal de Distrito de Skukuza cambió sus días laborables para que se superpusieran con los del Tribunal Regional de Skukuza. Venter explica: "No podíamos estar en dos lugares a la vez, y por eso, muchos presuntos cazadores furtivos fueron liberados bajo fianza".

Mientras están en libertad bajo fianza, los sospechosos pueden seguir matando rinocerontes o traficando sus cuernos. El presunto líder de la organización de caza furtiva, Joseph Nyalunga, fue arrestado en diciembre de 2011 y puesto en libertad bajo fianza en marzo de 2013. Fue arrestado nuevamente en septiembre de 2018 -junto con el presunto capo Petrus Mabuza, también en libertad bajo fianza por un arresto en junio de 2018-, y acusado por compra y venta ilegal de cuernos de rinoceronte y por lavado de dinero.

“Para capos como Mabuza y Nyalunga, la caza furtiva de rinocerontes es un negocio muy rentable y la única forma de detenerlos es encarcelarlos y destruir sus redes”, sostiene Crosta. "Cuando salgan bajo fianza, seguirán orquestando la matanza de rinocerontes y la venta de cuernos a intermediarios asiáticos, y nadie se atreve a detenerlos".

A ambos se les concedió nuevamente la libertad bajo fianza y sus juicios aún están pendientes de resolución.

La evidencia forense (ADN de rinoceronte) suele ser clave para dictaminar la condena. El Servicio de Policía de Sudáfrica mantenía un acuerdo para proporcionar pruebas al Laboratorio de Genética Veterinaria de la Universidad de Pretoria para el análisis de ADN, que se ha utilizado en más de 120 casos, según un trabajo publicado en Current Biology.

Al comparar el ADN de los cadáveres de rinocerontes con los cuernos de rinoceronte incautados de presuntos cazadores furtivos o contrabandistas, el laboratorio contribuye a revelar las conexiones entre los criminales y los cadáveres y los cuernos recuperados. Gracias al laboratorio, se han conseguido sentencias importantes como la pena de prisión de 28 años a Simon Ngomane en 2017, tras demostrarse que su ADN coincidía con el ADN hallado en dos cuernos y un rinoceronte sacrificado en Kruger.

El servicio de policía no renovó el contrato del laboratorio desde junio de 2019. "No hubo una nueva propuesta y no se han realizado más análisis, excepto en algunos casos muy urgentes", cuenta Cindy Harper, directora del laboratorio.

El vocero de los Servicios de Policía de Sudáfrica, Brigadier Vish Naidoo, contó a National Geographic que no podía aportar comentarios para evitar "divulgar información fundamental que tiene un peso significativo en nuestros procesos de investigación".

Serfontein sostiene que esta no renovación, junto con el cierre del Tribunal Regional de Skukuza y la suspensión del personal efectivo, sugiere un modus operandi delictivo que está socavando la aplicación de la ley. Están expulsando a muchas personas competentes o simplemente están provocando que se cansen y abandonen sus puestos. "Tenemos un grupo de fanáticos que hacen todo lo posible, pero día a día se enfrentan a la indiferencia, incompetencia o complicidad ... y las consecuencias pueden ser catastróficas para los rinocerontes".

"Realmente les conveniente que los puestos no se cubran, que las pruebas de laboratorio no se hagan", explicó un exfiscal, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad. “Si es casualidad, o si se trata de un delito orquestado es algo que no puedo confirmar. Pero en el fondo creo que todo se ha hecho adrede. Siempre he tenido ese presentimiento. Y no soy el único que piensa así".

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