Se multiplican los casos de coronavirus y las tribus indígenas del Amazonas están cada vez más amenazadas
Las comunidades indígenas de Brasil se enfrentan al virus por un lado, y a las usurpaciones "genocidas" por el otro, según los grupos de derechos.
A lo largo de un sendero del Museo Paraense Emílio Goeldi, en Belém, se encuentra una imagen de tamaño real que corresponde a una fotografía tomada en 1902 de un hombre indígena irã'amrayre. Es parte de una exhibición que incluye artefactos y fotografías de esta rama extinta del pueblo kayapó, que vive en la región central amazónica de Brasil.
Dado que el coronavirus continúa extendiéndose por territorios remotos de la Amazonía brasileña, los líderes indígenas y los funcionarios de derechos humanos ruegan al gobierno que adopte medidas urgentes para evitar una catástrofe.
Según las cifras compiladas por la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), la principal federación indígena del país, desde el 1 de mayo al 9 de junio, las muertes por COVID-19 en las comunidades indígenas han aumentado de 46 a 262. Conjuntamente con los números obtenidos por los departamentos de salud pública de todo el país, las estadísticas de APIB revelan que el 9,1 por ciento de las personas indígenas que contraen la enfermedad mueren, casi el doble de la tasa del 5,2 por ciento que se obtuvo para la población general de Brasil.
La enfermera tribal Witoto Vanderlecia Ortega dos Santos prepara una sala de examen para pacientes con COVID-19 en una clínica en las afueras de Manaos. Ella se encarga de la atención de primera línea para su comunidad, que consta de unas 700 familias. Los antropólogos dicen que, durante las primeras ocho décadas del siglo XX, un promedio de una tribu al año desapareció de la Amazonía como consecuencia de epidemias, violencia y asimilación forzada. Los líderes indígenas afirman que la pandemia del coronavirus y las políticas gubernamentales hostiles representan una nueva amenaza para la supervivencia de sus pueblos.
Ante el aumento de casos y una rezagada respuesta de las autoridades, se acusa al gobierno de incompetencia y desorganización a la hora de proteger a las poblaciones tribales más vulnerables al contagio de coronavirus. De hecho, los trabajadores de la salud estatales, y los mineros ilegales y otros invasores, ahora figuran entre los principales vectores de contagio en territorios indígenas protegidos. Un informe publicado la semana pasada por la oficina del fiscal general federal acusó a un equipo de trabajadores de la salud de "negligencia flagrante" y denunció la probabilidad de que enfermeras y técnicos hayan propagado el virus entre las poblaciones indígenas que se supone deben proteger.
El 4 de junio, el servicio federal conocido como SESAI (Secretaría Especial de Salud Indígena), reconoció que cuatro de sus trabajadores dieron positivo por el virus; los cuatro estaban realizando tareas en una aldea tribal Kanamari en el territorio indígena del Valle de Javari en el extremo oeste de Brasil. Un comunicado de SESAI intentó minimizar el episodio, diciendo que solo uno de los trabajadores había desarrollado síntomas de COVID-19, y que se había aislado a los cuatro empleados.
Pero el informe del fiscal general, publicado el 5 de junio, expresó su preocupación de que los trabajadores infectados puedan haber propagado el virus a otras aldeas. Y acusó a otro equipo de "absoluta indiferencia por el riesgo epidemiológico", ya que, para atender a las tribus de Korubo -consideradas especialmente vulnerables-, ingresaron por el lado noreste de la reserva Javari sin cumplir con los protocolos correspondientes.
Además, el informe mencionaba el "deterioro ostensible" de la capacidad de FUNAI para hacer cumplir las leyes (FUNAI es el organismo encargado de defender los límites de las tierras indígenas de Brasil). El informe sostiene que los fuertes recortes presupuestarios y las nuevas designaciones de los empleados de FUNAI propician más incursiones ilegales en la reserva por parte de buscadores de oro, pescadores y cazadores furtivos de animales que podrían ingresar con el virus.
El territorio indígena de Valle del Javari tiene unos 85.444 km² y en este habita el mayor número de comunidades indígenas en aislamiento extremo del mundo, comunidades que suelen denominarse "tribus no contactadas". FUNAI ha confirmado que en la reserva existen nueve de estos grupos, que suman entre 1.000 y 1.500 personas; y según personal de campo de FUNAI, puede haber hasta nueve grupos más. Si bien la mayoría de los indígenas korubo han estado en contacto con personas ajenas, los funcionarios estiman que, en lo más recóndito del bosque, todavía hay entre 40 y 50 miembros de la tribu que no tuvieron contacto con nadie.
Se considera que los korubos, al igual que otros grupos no contactados de la Amazonía que han sido recientemente contactados, corren mayores riesgos de contagio de enfermedades infecciosas porque carecen de defensas inmunológicas contra los patógenos que pueden ingresar las personas del exterior. Por eso son tan susceptibles a enfermedades respiratorias como la COVID-19.
Los cocamas habitan en pueblos y aldeas a lo largo del alto Amazonas. Desde principios de abril, ya han sufrido la pérdida de 55 miembros a causa del virus. Entre los afectados, una familia de cuatro personas se contagió de un médico del servicio de salud que recientemente había regresado de una conferencia en el sur de Brasil y que no cumplió los protocolos de autoaislamiento.
Hacer un seguimiento de las tasas de defunción e infección por coronavirus entre los pueblos indígenas de Brasil puede ser un gran desafío, y un motivo de disputa. SESAI rastrea solo casos dentro de territorios indígenas delimitados. Sus números no reflejan las infecciones por coronavirus en los pueblos indígenas de ciudades o pueblos que no han recibido la denominación específica de tierras indígenas.
"Esta discrepancia es la prueba más paradigmática del racismo institucional que conduce a un genocidio autorizado", sostiene Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de APIB. Hasta el 9 de junio, SESAI había registrado 85 muertes de indígenas por COVID-19. El Comité Nacional de Vida y Memoria Indígena, creado para visibilizar a las víctimas de pandemias y contar sus historias, brinda un número tres veces mayor. "El gobierno quiere ocultar los números reales para llevar a cabo su plan de exterminar a los pueblos indígenas", explica.
Se intentó obtener un testimonio por parte de SESAI pero no aportaron ninguna respuesta.
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Los cazadores furtivos y la pandemia: una doble amenaza
Los líderes indígenas afirman que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no está ocupándose de proteger a su pueblo de una doble amenaza: la propagación del coronavirus por un lado y una oleada de invasiones a sus tierras por el otro. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña aumentaron casi un 60 por ciento respecto al año pasado, ya que no se ha podido ejercer el cumplimiento de las medidos por la cuarentena y los edictos oficiales que han reducido las protecciones para el medio ambiente y las poblaciones indígenas.
"Los propios invasores son vectores de contagio", afirma Guajajara. Y agrega que, en las regiones remotas donde hay tribus aisladas pero la policía no está presente, el ingreso indebido de buscadores de oro o cazadores furtivos de madera podrían resultar en el "exterminio total" de los grupos indígenas altamente vulnerables.
FUNAI no se hace cargo. "En ningún momento la institución ha dejado de cumplir la obligación legal de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas, siempre ha actuado con consciencia de la situación", respondió la agencia a las preguntas de National Geographic. También se afirmó que FUNAI ha estado "adoptando todas las medidas que están a su alcance para combatir la pandemia del nuevo coronavirus".
Muchos grupos indígenas dicen lo contrario. El constante aumento de buscadores de oro ilegales ha destruido grandes extensiones del territorio indígena yanomami, en el estado norteño de Roraima. Los mineros han contaminado los ríos con el mercurio que usan para separar el oro del suelo arenoso del Amazonas. Han traído malaria, abuso de alcohol, enfermedades de transmisión sexual, y ahora, los líderes yanomami temen que también traigan la enfermedad COVID-19. Hasta el momento, han muerto tres yanomamis a causa del coronavirus, y los líderes tribales afirman que hay, al menos, 55 personas infectadas.
"Lo que más nos preocupa hoy es que los mineros transmitan la enfermedad a las comunidades", expresó Dario Kopenawa, vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, que representa a los 26.000 miembros tribales que viven en el territorio indígena yanomami. "Los mineros van a contagiar y acabar con los yanomamis".
Su conclusión coincide con un informe publicado la semana pasada por investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais y del Instituto Socioambiental, con sede en São Paulo, que reveló que el 40 por ciento de los yanomamis que viven cerca de las minas de oro está en peligro de contagiarse COVID-19. A dos días de caminata desde una aldea yanomami no contactada, hay un campamento de mineros. Los activistas temen que, si se contagia una persona, la comunidad indígena quedaría devastada.
Hutukara se ha unido a un consorcio de grupos de derechos culturales brasileños e internacionales para lanzar una campaña llamada MinersOutCovidOut. La campaña exige el desalojo de los aproximadamente 20.000 mineros ilegales que buscan oro en territorio yanomami.
"Enciclopedias vivientes" en peligro
Los antropólogos están muy preocupados por la potencial pérdida que sufrirían las comunidades indígenas si la pandemia se cobra la vida de los adultos mayores, los más vulnerables a la enfermedad. "Los ancianos son las enciclopedias vivientes que conservan la cosmovisión de estas poblaciones", explica Tiago Moreira dos Santos, antropólogo del Instituto Socioambiental. “Son los guardianes de una cultura. No me refiero solo a los mitos e historias, sino también al lenguaje, la memoria y el conocimiento que son fundamentales para la existencia de un pueblo".
Al comienzo de la pandemia, muchos grupos indígenas actuaron rápidamente para limitar la propagación del coronavirus, explica Sônia Guajajara. Erigieron barricadas y barreras sanitarias, elaboraron sus propias máscaras e instaron a los miembros de las tribus a permanecer en sus aldeas: "Cada comunidad está adoptando sus propias medidas de protección".
"Los pueblos indígenas han atravesado oleadas de epidemias fatales", sostiene Glenn Shepard, antropólogo estadounidense en el Museo Emilio Gueldi, en Belém, un centro destinado al estudio de la diversidad biológica y sociocultural en la Amazonía. "Por eso saben bien lo que debe hacerse: aislarse". Según Shepard, ese histórico autoaislamiento para protegerse explica la existencia en Brasil y países vecinos de tantas comunidades tribales no contactadas; es probable que exista un centenar de estos grupos en todo el Amazonas.
"Así es como los pueblos indígenas aislados, los llamados pueblos no contactados, asumieron esa forma de vida", explica Shepard. "A causa de enfermedades y desplazamientos abruptos, se aislaron de todos los demás. Esa ha sido su estrategia desde el principio".
Pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha emitido mensajes contradictorios sobre cómo responder a la pandemia, incitando a los ciudadanos a violar la cuarentena y las medidas de distanciamiento social, y pidiendo a los pueblos indígenas que se desplacen hasta las ciudades para recibir mínimos incentivos económicos, sostiene Guajajara. Sumado a las iniciativas y declaraciones que avalan que personas ajenas a las comunidades indígenas usurpen sus tierras y otras áreas protegidas, esta situación anuncia un inminente desastre social y ambiental.
"Este es un momento de alerta general, porque estamos completamente asediados, por el virus por un lado y las medidas genocidas de este gobierno por el otro", expresa Guajajara.
