El coronavirus llega peligrosamente a los pueblos originarios aislados en la Amazonía

En medio de la creciente alarma de que el nuevo coronavirus ha penetrado profundamente en la selva amazónica, amenazando a las tribus aisladas, la Corte Suprema de Brasil falló este mes por unanimidad a favor de las demandas de los pueblos indígenas de obligar al gobierno a protegerlos de la pandemia.

Incluso antes del fallo del 5 de agosto, los grupos indígenas elogiaron el caso como un triunfo sin precedentes. Era la primera vez que el tribunal superior accedía a escuchar un caso presentado por litigantes indígenas sin intermediarios, como la agencia de asuntos indígenas FUNAI. La agencia, cuya misión es defender los derechos y las tierras de los pueblos indígenas de Brasil, ha llegado a ser vista como contraria a sus intereses bajo el gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

“Es una victoria histórica y extremadamente importante para nosotros los pueblos indígenas”, dice Luiz Eloy Terena, abogado principal de Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la principal federación indígena del país, que se asoció con seis partidos políticos de oposición para presentar el caso contra el gobierno. “Es un reconocimiento de nuestras propias formas de organización social”.

El tribunal ordenó a la administración desarrollar e implementar un plan integral en un plazo de 30 días para prevenir la propagación del COVID-19 a los territorios indígenas, particularmente aquellos donde están presentes los grupos que viven en aislamiento extremo, las llamadas “tribus aisladas”. Además, el gobierno debe instalar un grupo de trabajo que incluya representantes indígenas, así como establecer una “sala de situación” en Brasilia para brindar un monitoreo continuo de los esfuerzos para bloquear o contener la pandemia en tierras forestales habitadas por grupos indígenas aislados y recientemente contactados.

Hasta la fecha, más de 25.000 indígenas en 146 comunidades tribales han dado positivo por COVID-19 en todo Brasil, según APIB. Casi 700 han muerto. No se sabe si la pandemia ha llegado a un grupo indígena aislado, pero la perspectiva está provocando un profundo malestar entre los defensores.

Aunque la Corte Suprema falló a favor de las protecciones de COVID-19, no estableció un cronograma para otra de las demandas de los demandantes: la expulsión inmediata de madereros ilegales, mineros y especuladores de tierras de siete territorios indígenas esparcidos por la Amazonía. Las intrusiones de forasteros plantean un riesgo de salud especialmente grave a medida que avanza la pandemia y la negativa del tribunal a imponer un plan concreto para su expulsión ha atenuado el júbilo entre los líderes indígenas.

“Esta fue una victoria incompleta”, dice Beto Marubo, de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari, quien regresó a su oficina en Brasilia la semana pasada de una visita a su casa en la frontera con Perú. “Fue muy simbólico y positivo obtener el reconocimiento de la Corte Suprema, pero no esperábamos que hubiera una demora para efectuar la expulsión de los intrusos”.

Dada la facilidad con la que se propaga el COVID-19, Marubo teme lo peor. “Cuando en los Javari decimos que existe la posibilidad de genocidio, nos acusan de alarmistas”, dice Marubo. “Pero si una persona de una tribu aislada se infecta, contagiará a todo su grupo. Cualquiera que esté familiarizado con los Javari sabe que eso podría suceder".

El extenso territorio indígena del valle de Javari en el extremo occidental de Brasil es de especial preocupación para los funcionarios de la salud y para los líderes indígenas. Alberga la mayor concentración de comunidades indígenas aisladas del mundo y los expertos en salud dicen que estas tribus tienen un riesgo excepcionalmente alto de contagio, ya que carecen de defensas inmunológicas contra los patógenos que han evolucionado en los centros poblados lejanos.

Además de la sensación de urgencia en Javari y en otros lugares, la semana pasada un grupo de nómadas aislados ingresó a la aldea Kulina de Terra Nova en las cabeceras del río Envira, a unas 48 kilómetros al suroeste de la reserva Javari en el estado de Acre.

En las declaraciones al periódico O Globo desde un teléfono público de la aldea, el jefe Cazuza Kulina informó que de 10 a 20 miembros de la tribu, incluidos las mujeres y los niños, se habían llevado alimentos, herramientas y ropa antes de volver al bosque. Los pobladores dijeron al periódico que varios vecinos están presentando síntomas que podrían indicar la presencia del coronavirus: dolores de cabeza, tos y letargo. Cazuza dijo que ni la FUNAI ni el servicio de salud indígena SESAI habían llegado a la aldea para establecer y dotar de personal a los sitios de cuarentena, las llamadas "barreras sanitarias", que podrían haber ayudado a proteger al grupo del COVID-19 y cualquier cantidad de enfermedades infecciosas.

“Desde el comienzo de la colonización de Brasil, estos pueblos sufrieron y murieron a causa de infecciones traídas por los colonizadores, como sarampión, viruela, tuberculosis y diversas cepas de gripe”, dijo el experto en salud indígena Lucas Infantozzi Albertoni en un correo electrónico, refiriéndose a las poblaciones aborígenes que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior. Escribió desde un barco hospital en el río Tapajós en el Amazonas central, donde realiza rondas anuales para tratar a los pacientes de las comunidades remotas. "Estas enfermedades produjeron enormes tasas de mortalidad, lo que llevó a la extinción de etnias enteras y a la desintegración social de muchas otras".

El COVID-19 en el umbral de las tribus aisladas

Incluso cuando el tribunal ordenó la implementación de barreras sanitarias para detener el avance del coronavirus, también surgieron informes de los primeros casos de COVID-19 en las aldeas peligrosamente cercanas a un grupo aislado en el Territorio Indígena del Valle de Javari.

El 6 de agosto, una anciana de la tribu Kanamari sucumbió a la enfermedad luego de ser evacuada del asentamiento de Hobana, en el río Alto Itaquaí, a menos de 16 kilómetros de los jardines plantados por una tribu aislada conocida como Flecheiros- the Arrow People. 

Los primeros casos de COVID-19 en la reserva de Javari se informaron en una aldea río abajo, probablemente traídos por equipos de atención médica del gobierno. Pero la repentina aparición del COVID-19 en las profundidades de la reserva preocupa a los líderes indígenas y a los expertos en salud. Con todos sus ríos que fluyen hacia afuera desde una región de cabeceras en su núcleo, la reserva se protege fácilmente de incursiones a gran escala por puestos de control de ribera. Pero a pesar de lo difícil que es llegar a los pueblos como Hobana en barco, los expertos dicen que el virus ha entrado en Javari a través de una especie de puerta trasera: senderos abiertos a través del bosque por los emprendedores Kanamari para comprar productos en pueblos como Ipixuna y Eirunepé en el Río Juruá que es muy transitado.

“Nuestro gran temor ahora, que se ha cumplido, es que la enfermedad esté entrando por senderos hacia los tramos superiores de los ríos que tienen puestos de control de la FUNAI aguas abajo”, dice la abogada indígena Terena. Además de los Kanamari, varios otros grupos indígenas contactados (Matis, Marubo, Matsés) ocupan un terreno peligrosamente cercano a los grupos aislados en las cabeceras remotas de la reserva Javari, explica Terena, lo que aumenta las oportunidades para que el virus se propague a los nómadas sin defensa inmunológica contra la enfermedad y sin capacidad para tratarlo.

Hasta el momento, se han reportado 441 casos de infección por COVID-19 y dos muertes en el Valle de Javari, según la SESAI.

“Una infección en una de las aldeas contactadas podría extenderse rápidamente a estos grupos aislados”, dice Terena. Eso es especialmente cierto ahora con el inicio de la estación seca en la región occidental del Amazonas. Es la época del año en la que las inundaciones se retiran del suelo del bosque y de las comunidades enteras, en particular los nómadas aislados que se mueven en busca de sustento.

También es la época del año, dice Beto Marubo, cuando los grupos aislados se cuelan en los asentamientos para ayudarse a sí mismos con comida y herramientas. Los mismos nómadas aislados han visitado año tras año el pueblo marubo de São Joaquim, en el río Ituí. “Vienen por la noche y se llevan los alimentos (plátanos, caña de azúcar, papas) y herramientas como machetes y hachas”, dice. "Y hay un caso confirmado de coronavirus allí".

Miedos al genocidio

Aunque severamente criticado por su respuesta a la crisis del COVID-19, FUNAI dice que el fallo de la corte no alterará sus planes. “La decisión de la Corte Suprema nos permite mejorar las medidas que ha tomado la Fundação Nacional do Índio [FUNAI] para proteger a los pueblos indígenas desde el inicio de la pandemia”, dijo la agencia en un correo electrónico a National Geographic. El organismo se refirió a su entrega de 500.000 canastas de alimentos a familias en “situaciones de vulnerabilidad social” y lo que denominó apoyo a más de 300 barreras sanitarias.

Pero los líderes indígenas dicen que la respuesta de FUNAI ha sido lamentablemente deficiente, razón por la cual llevaron su caso a los tribunales para empezar. También les preocupa que la negativa del tribunal a establecer un calendario para expulsar a los intrusos alimente una creciente sensación de impunidad.

Marubo dice que los cazadores furtivos están apareciendo en las comunidades de Javari por primera vez en décadas, amenazando a los aldeanos y al personal de FUNAI con violencia. En la vereda Matsés de Solís, invocaron el nombre del trabajador de FUNAI Maxciel Pereira dos Santos, quien fue asesinado el pasado mes de septiembre en la cercana ciudad de Tabatinga. "¿Viste cómo mataron a Maxciel el año pasado?" Marubo dice, repitiendo las burlas de los criminales. "Lo mismo podría pasarte a ti".

Dos Santos había trabajado para la FUNAI para proteger a las tribus aisladas en la reserva Javari durante 12 años antes de ser baleado por un sicario en una motocicleta a plena luz del día. A nadie se le hizo rendir cuentas. 

“No hubo ninguna acción de las autoridades, nada que hubiera mostrado una fuerte respuesta del gobierno brasileño”, dice Marubo. Como resultado, otros trabajadores de la FUNAI se han mostrado reacios a tomarse sus trabajos en serio. “Se están diciendo a sí mismos: Si le pasó a Maxciel, me podría pasar a mí también”.

La abogada Terena espera que el fallo de la corte dé vida a los vacilantes esfuerzos por contener la propagación de la pandemia. Si no se toman medidas decisivas en las próximas semanas, dice, podría exponer al gobierno a acusaciones de violar el derecho internacional.

“Me gustaría señalar que con respecto a los pueblos aislados, el incumplimiento de las medidas ordenadas por la corte podría ocasionar el genocidio de estas poblaciones”.