La lucha para proteger el producto silvestre más traficado del mundo

José Baudillo se inclina sobre un delgado tronco de "rosul" (conocido como "palo de rosa", "cocobolo" o "palisandro" en otros países de la región), sobre una cama de astillas de madera de color rojo oscuro y envuelve una cinta métrica alrededor de un extremo. "Este es joven", tiene menos de 41 centímetros, le dice a su jefe, Eddy Ottoniel Palencia.

El tronco había sido cortado ilegalmente en Izabal, uno de los 22 departamentos de Guatemala. Valorado por su durabilidad, sutuoso color y aroma fragante, el rosul es una densa madera tropical utilizada para fabricar instrumentos musicales, desde guitarras y marimbas hasta violines, así como muebles de alta gama, principalmente en China.

El rosul es tan codiciado que ahora es el producto silvestre más traficado del mundo por su valor o volumen, más que el marfil, que el cuerno de rinoceronte y que el pangolín, en conjunto. Según el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, una asociación internacional entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para apoyar la conservación, el comercio ilegal de animales salvajes tiene un valor de entre $5 mil millones y $20 mil millones de dólares al año. A menudo se clasifica como el cuarto negocio del mercado negro más lucrativo del mundo después de los narcóticos, el tráfico de personas y el comercio de armas.

Según la Interpol, el tráfico de madera se valora entre $30 mil millones y $100 mil millones de dólares al año y representa del 15 al 30 por ciento del comercio mundial de la madera. Sam Lawson, director de Earthsight, una organización sin fines de lucro con sede en Londres que investiga los delitos ambientales globales, estima que el valor anual del rosul de contrabando podría superar los mil millones de dólares.

Palencia y Baudillo trabajan para la Fundación para el Ecoesarrollo y la Conservación (Fundaeco), una organización ambiental guatemalteca sin fines de lucro que administra 18 áreas protegidas nacionales en colaboración con el gobierno. El tronco de rosul que están midiendo se cortó en una parcela de bosque en un rancho privado cerca del Área de Uso Múltiple protegida del Río Sarstún, cuyos árboles de rosul restantes se han convertido en un objetivo para los contrabandistas. Avisado por el terrateniente, los hombres de Fundaeco han estado haciendo una búsqueda cual la del gato y el ratón para atrapar a los madereros ilegales en acción.

"Cortar un árbol así de pequeño", dice Palencia, sacudiendo la cabeza, "sugiere que realmente no quedan árboles".

La primera vez que los funcionarios forestales guatemaltecos se dieron cuenta de que tenían un problema con el rosul fue en el 2011, según los documentos presentados a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), el organismo que regula el comercio transfronterizo de la vida silvestre, incluida la madera rara. Fue entonces cuando se descubrieron tres contenedores de envío de la preciosa madera dura en Puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos puertos comerciales de mercancías de Guatemala.

Al año siguiente, más contenedores — etiquetados como resina, materiales de reciclaje, cartón y otros productos de madera — fueron interceptados allí y en Puerto Quetzal, dice César Beltetón, director forestal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). CONAP es la entidad gubernamental que administra las 338 áreas protegidas de Guatemala, que cubren casi un tercio del país.

El surgimiento del comercio ilegal del rosul de Guatemala ha sido impulsado en gran medida por la demanda, entre los nuevos ricos chinos, de muebles de rosul de estilo tradicional de las dinastías Ming y Qing. Entre el 2009 y el 2014, la información de las aduanas analizados por la Agencia de Investigación Ambiental, una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, muestran un aumento de 14 veces en las importaciones de rosul a China de todo el mundo. Esta expansión coincidió con (y contribuyó a) la aniquilación de los palos de rosa preferidos del sudeste asiático, que anteriormente habían reemplazado a los palos de rosa nativos agotados en el sur de China. Los compradores buscaron nuevas fuentes, y Guatemala, que tiene al menos cuatro especies comercialmente deseables, fue una.

Fue "como una avalancha de oro", recuerda Byron Renato Morales Gallen, uno de los dos fiscales de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público que se especializan en el tráfico de rosul.

Una vez conocidos como los pulmones de América Central, Guatemala, una nación del tamaño de Tennessee, perdió el 17 por ciento de su cubierta forestal entre el 2001 y el 2017, según Global Forest Watch, un sitio web desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales para rastrear los datos forestales. Hoy, el país tiene la cuarta tasa de deforestación más alta del mundo, con los departamentos orientales de Petén, Alta Verapaz e Izabal, donde crece gran parte del rosul ilegalmente talado del país, sufriendo las mayores pérdidas.

Incluso antes de que los terratenientes talaran franjas de bosque para ranchos ganaderos y plantaciones de caucho, plátanos y cada vez más palmas de aceite, Guatemala, a diferencia de los países africanos como Madagascar y Nigeria, que también han sido víctimas del frenesí, no tuvo abundancia de rosul. Esto se debe a que el país tiene áreas limitadas de tierras bajas pantanosas que prefieren las especies locales del árbol. El rosul crece lentamente, solo alrededor de 0,4 centímetros por año, y tarda hasta un siglo en alcanzar la madurez completa, por lo que cualquier tala no regulada pone en peligro a la población de estos árboles en general.

Myrna Herrera Sosa, quien dirige el Laboratorio Forense para la Identificación de Maderas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, lidera el esfuerzo para examinar el stock de rosul restante del país. En un ecosistema normal y saludable, dice, podría haber entre 150 y 200 ejemplares intercalados entre miles de árboles. Pero en estos días, cuando ella y sus equipos se adentran en los bosques, no encuentran más que unos pocos árboles individuales muy dispersos, tal vez no más de 10 en un solo sitio. Tan pocos de estos árboles, dice ella, "ni siquiera pueden llamarse poblaciones".

Alarmado por la creciente vulnerabilidad de su rosul, en el 2016 Guatemala lideró los esfuerzos mundiales para actualizar las 300 especies al Apéndice II de la CITES, que estableció regulaciones más estrictas sobre las exportaciones de rosul: cada envío debe tener un permiso que certifique la procedencia legal y sostenible de la madera.

Cuando entraron en vigencia las nuevas regulaciones CITES, las incautaciones de rosul en Guatemala ya habían comenzado a disminuir, dice Beltetón de CONAP. Sin embargo, a pesar de que los árboles se estaban volviendo más difíciles de encontrar, los cazadores furtivos se estaban volviendo más sofisticados para evadir la detección.

Ladrones de rosul

Debido a que los rosul son naturalmente escasos en Guatemala, encontrarlos y talarlos requiere conocimiento local y trabajo intensivo. Los aldeanos empobrecidos con poco que perder en los bosques con sus motosierras y, a veces, con burros para despejar los caminos, encuentran y tiran los árboles, pelan su corteza y albura para exponer el valioso duramen, dan forma a los troncos; y arrastran la corteza (tablones aserrados) hacia los bordes de las carreteras para transportarlos en camiones a los puertos marítimos.

Cuando llegan los camiones, el botín ilícito a veces se oculta debajo de otros productos para evitar su detección, pero como lo muestran los informes policiales y los registros de la oficina del fiscal, si el comprador intermediario o la persona responsable del envío ha pagado a la policía para garantizar un paso seguro puestos de control, la madera se transporta sin camuflar.

La siguiente parada es cualquiera de los dos principales puertos marítimos de Guatemala, donde se cargan contenedores de rosul en los barcos con destino a Hong Kong y a China continental. Según Beltetón, un poco de rosul hace un viaje en camión más largo por tierra a México, El Salvador y Honduras. En China, la madera se vende desde los almacenes en los puertos de la costa y en el río Yangtze a los fabricantes de muebles del interior que convierten la corteza en muebles de lujo.

El tronco de rosul que encontraron Palencia y Baudillo en el rancho de Izabal no fue el primer caso de tala ilegal allí. En una patrulla de rutina unos meses antes, un guardabosques (conocidos como "guarda recursos" en Guatemala) había descubierto un montón de cortezas esperando a ser recogidas en un lugar entre el bosque y el camino de acceso.

Estos descubrimientos son indicativos del aumento de la caza furtiva de rosul en Izabal durante los últimos dos años, afirma Oswaldo Calderón, director regional de Fundaeco. Anteriormente, dice, la mayoría de rosul provenía de Petén o del otro lado de la frontera en Belice. De hecho, según los datos de la Ministerio Público sobre Delitos Ambientales, el 60 por ciento de los 19 casos activos de tráfico de rosul desde el 2017 hasta el 2018 involucraron confiscaciones en Izabal.

Los departamentos rurales de Guatemala con los mayores incidentes de tráfico de rosul (Izabal, Petén y Alta Verapaz) también se encuentran entre los más pobres del país. Están divididos por disputas entre el gobierno nacional y los colonos indígenas sobre su derecho a estar en la tierra, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno con sede en Ginebra. El grupo, establecido por el Consejo Noruego de Refugios sin fines de lucro, rastrea el desplazamiento interno en todo el mundo.

A menudo, los colonos sin tierra han sido desplazados reiteradamente, por la guerra civil de Guatemala, que terminó en 1996, por la conversión de tierras de granjas a pequeña escala para su uso por parte de los agronegocios y de las industrias extractivas, y por el cambio climático. Han sido empujados a la única tierra aún disponible, que a menudo se encuentra en áreas protegidas que tienen restricciones de uso y propiedad.

En el 2017, el ingreso nacional bruto per cápita de Guatemala fue de aproximadamente $4.060 de dólares, una cifra significativamente menor en estas áreas rurales, donde hay una tasa de pobreza del 79 por ciento entre las poblaciones indígenas y ocho de cada 10 niños sufren de desnutrición, según UNICEF.

Moisés Cardona, un líder comunitario en El Carrizal, un asentamiento no autorizado dentro de un área protegida en la frontera porosa de Guatemala con Belice, dice que esto explica por qué involucrarse en la tala ilegal lucrativa es atractivo para algunas personas. Desde el auge del rosul, El Carrizal y las aldeas vecinas se han ganado una reputación por el contrabando de rosul y por su oposición al estado guatemalteco.

Según la opinión de Cardona, es injusto que el impacto ambiental de la tala de árboles sin los permisos adecuados de los guatemaltecos impotentes se considere ilegal, pero no la "palma africana y todos esos ranchos enormes que destruyen todo". Cardona se refería en parte al Programa de palma aceitera de Guatemala, lanzado en el 2009, para convertir las tierras campesinas "no utilizadas", a menudo dentro de las zonas de uso múltiple de las áreas protegidas donde se permite cierta industria, en plantaciones de palma aceitera. Estas empresas emplean a agricultores indígenas de subsistencia como trabajadores temporales contratados, y sus efectos ambientales (escasez de agua, deforestación y degradación del suelo) están bien documentados.

Beltetón de CONAP dice que "es terrible que [el rosul] se distribuya en las zonas más pobres de Guatemala, y que allí es donde va el traficante, aprovechando la pobreza y la ignorancia de las personas que no tienen otras opciones". Agrega, "por supuesto que el gobierno también tiene cierta responsabilidad", por no proporcionar servicios estatales y la aplicación activa de la ley en las áreas más disputadas y conflictivas, como el Área Protegida de las Montañas Mayas de Chiquibul, donde se encuentra El Carrizal.

En la noche del 1° de julio de 2018, actuando en una denuncia anónima sobre el transporte ilegal de rosul, tres agentes de la policía ambiental hicieron el viaje de dos horas y media desde su puesto en La Libertad, Petén, hasta El Barillal, una aldea vecina no incorporada a El Carrizal.

A medida que se acercaban a su destino, en lugar de encontrarse con el sospechoso, se encontraron rodeados de al menos 45 hombres, algunos armados, según el informe que presentó la policía al día siguiente. El informe dice que los hombres impidieron el paso de su vehículo, los amenazaron, les preguntaron sobre su presencia, los detuvieron durante más de una hora y realizaron detonaciones de arma de fuego que posiblemente fueron disparadas al aire, aunque nadie resultó herido.

Al final, los tres policías terminaron el enfrentamiento al regresar a La Libertad con las manos vacías.

En los nueve meses transcurridos desde aquel entonces, la policía ambiental no ha regresado a El Barillal.

Interrumpiendo el comercio ilegal

La mayoría de los países, incluido China, no tienen leyes contra la importación de madera de origen ilegal y, por lo tanto, no tienen un marco legal que otorgue a los funcionarios del puerto la autoridad para devolver los envíos. Pero la inclusión de la madera de rosul en la CITES en el 2016 cambió eso.

El año pasado, Aura Marina López Cifuentes, fiscal de Guatemala por delitos ambientales, ordenó la devolución de China de cuatro contenedores marcados como caucho, reciclaje y materiales de embalaje. Ella dice que su equipo había notado ciertas "anomalías" con el papeleo, incluido que había sido firmado por un contrabandista de rosul conocido y que los contenedores que transportaban los productos enumerados eran mucho más pesados de lo que deberían haber sido.

"Rezamos para que fuera rosul, y cuando lo abrimos, lo era", recuerda López.

Esa madera confiscada ahora está bajo la custodia de CONAP en un almacén al aire libre en Izabal, y los casos contra los traficantes se están abriendo camino a través de los tribunales. La instalación de almacenamiento, que se asemeja a un aserradero abandonado, tiene unos 9.911 metros cúbicos de madera confiscada, así como remolques de tractores, camionetas e incluso una lancha solitaria, apoyada precariamente sobre una pila de cortezas. Según los guardias del depósito, el 70 por ciento de la madera es rosul.

La lucha contra el crimen forestal en Guatemala se divide entre varias agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil. El Instituto Nacional de Bosque es responsable del manejo general de los bosques, pero CONAP toma la iniciativa cuando se trata de salvaguardar las áreas y las especies protegidas del país.

En la administración de las áreas protegidas, CONAP emplea personal local, incluidos los guardabosques que realizan patrullas regulares, se comunican con las comunidades y buscan actividades ilegales. La entidad aprueba los permisos de exportación de rosul, supervisa los planes locales de manejo forestal en áreas protegidas y es responsable de identificar e inspeccionar los productos forestales en los puertos y en las operaciones de aplicación de la ley.

Pero CONAP no tiene suficientes recursos. Tiene menos de 400 oficiales que deben monitorear más de 324 millones de hectáreas, casi un tercio del país, y un presupuesto anual, a menudo sujeto a recortes, de solo alrededor de $13 millones de dólares.

Para compensar parte del déficit, CONAP depende de organizaciones sin fines de lucro financiadas de manera privada, como Fundaeco, que emplea a sus propios guardabosques y personal técnico, implementa programas de desarrollo y, a menudo, es el primero en detectar actividades ilícitas.

Ver es una cosa, pero estar autorizado para actuar es otra. Cuando los guardaparques, que trabajan para CONAP, Fundaeco u otras organizaciones sin fines de lucro, encuentran evidencia de un delito, no tienen la autoridad ni los recursos para actuar. Como dice Beltetón, “¿Te imaginas a un guardabosques que apenas lleva un machete usado para cortar árboles y se enfrenta a traficantes con Kalishnakovs en la mano? No, nuestros guardabosques no van al frente”.

Por lo tanto, los guardaparques transmiten información sobre actividades delictivas a Diprona, la división ambiental de la policía nacional, que es responsable de llevar a cabo las operaciones policiales.

Los oficiales de Diprona pueden unirse a un especialista técnico de CONAP o al socio sin fines de lucro para identificar la madera y entrevistar a los guardabosques que hicieron el informe inicial. Si una investigación los lleva a un territorio particularmente peligroso, el ejército guatemalteco puede proporcionar protección adicional.

Pero Diprona también tiene recursos insuficientes, con un presupuesto para sólo 600 policías que cubren todo el país. Debido al tiempo que puede llevar movilizar personal, la distancia de muchas operaciones de tala ilegal y la necesidad de que los oficiales tengan una orden judicial antes de que puedan pisar tierras privadas, los delincuentes y su contrabando pueden haber desaparecido mucho antes de que empiecen las acciones de ejecución.

La participación de tantas entidades puede parecer sugerir la dedicación de Guatemala para resolver el problema del rosul, pero en realidad, un sistema tan fragmentado deja espacio para que las responsabilidades caigan entre las grietas. "Hay soluciones, por supuesto, pero primero el gobierno tiene que inclinarse a implementarlas", dice Myrna Herrera, del Laboratorio Forense de Madera. Guatemala puede contar con CONAP, el fiscal del medio ambiente y Diprona, agrega, pero "para comenzar, necesitan leyes claras y bien definidas contra la tala y el tráfico ilegal". ¿Un ejemplo de dicha ley? Establecer un diámetro mínimo por el cual el rosul se pueda cortar legalmente, un estándar que ya existe para otras maderas preciosas, como la caoba, dice Herrera.

Cuando se realizan detenciones y se reúnen suficientes pruebas, la Oficina de la División de Delitos Ambientales del Fiscal Público investiga y maneja los presuntos delitos. Los casos suelen presentarse ante el Juzgado Penal de Narco-actividad y Delitos Ambientales, pero otros tribunales especializados, incluidos los dedicados al crimen organizado y a la corrupción, también desempeñan un papel.

Redes criminales

Lo que se sabe sobre las operaciones criminales de rosul en Guatemala se debe en gran medida a los esfuerzos de la oficina de delitos ambientales de Aura Marina López. Ella dice que han identificado cuatro redes o estructuras distintas de tráfico de rosul, como ella y sus colegas las llaman. "No queríamos llamarlos"grupos" criminales porque eso realmente no refleja el nivel de participación de los funcionarios del gobierno", dice ella.

Estas redes criminales son altamente sofisticadas y se parecen a las operaciones de contrabando de drogas. Como dijo Palencia de Fundaeco: "La diferencia principal entre el tráfico de drogas y el tráfico de árboles es que ellos (redes criminales) siempre pueden producir más drogas". (No árboles).

Después de años de investigaciones, casi todos los líderes y miembros de una red criminal han sido identificados y procesados, dice López. Sólo un individuo todavía está en libertad, ella sospecha que ha huido del país. Ella dice que su equipo ahora se está acercando a otra de las cuatro redes. Mientras tanto, 68 casos adicionales, cada uno con una incautación específica de rosul, siguen bajo investigación o enjuiciamiento activo.

El fiscal Morales Gallen agrega que 50 personas ya han sido condenadas y que los procedimientos contra cinco funcionarios del gobierno, incluido un funcionario de aduanas, un miembro de la fuerza policial y un funcionario de seguridad de CONAP, comenzaron en abril.

Pero a pesar de que la oficina de delitos ambientales ha ido mejorando para interrumpir a los traficantes, los criminales mismos han ido evolucionando. "Son mucho más cuidadosos con sus identidades", dice Morales Gallen. Ellos "hacen todo con nombres falsos e información falsa", así como utilizan tarjetas SIM prepagas.

La Ley de Áreas Protegidas de Guatemala establece sentencias obligatorias por los delitos contra el patrimonio natural y cultural (a menudo utilizados para acusar a los madereros ilegales) y el tráfico de flora y fauna. Las penas varían de cinco a 10 años de prisión, conmutables por una multa de entre aproximadamente $1.300 y $2.600 de dólares. Los jueces tienen la discreción de ajustar las multas en función de la capacidad financiera percibida de pago de la parte culpable.

Dichas multas son "nada para aquellos que trafican", enfatiza Morales Gallen. De las 19 incautaciones de rosul procesadas entre el 2017 y el 2018, más de la mitad fueron valoradas en más de $50.000 dólares, y la mayor en $125.000.

Los jueces también tienen la autoridad discrecional para ordenar reparaciones por daños ambientales: se plantarán 500 árboles en un área protegida, por ejemplo, o, en un caso que data de diciembre de 2017, se donará un aire acondicionado a la rama judicial de la oficina local de CONAP. Cuando se le preguntó acerca de esto, el juez de sentencia explicó que “hace calor en Petén, y CONAP necesita un aire acondicionado. ¿Cómo pueden hacer su trabajo sin aire?

Pocos madereros condenados van a prisión. Para los luchadores contra el crimen en primera línea, esta aparente impunidad es frustrante. "Nos cuesta más participar en las operaciones que [evitar] la cárcel", dice Jorge Díaz, de la sucursal de Fundaeco en Izabal.

Al mismo tiempo, los conservacionistas y los encargados de hacer cumplir la ley entienden por igual las terribles circunstancias que llevan a los aldeanos a robar rosul de los bosques. Como dice Oswaldo Calderón, director regional de Fundaeco: "las áreas protegidas nunca serán protegidas y sostenibles mientras la gente muera de hambre dentro de ellas".

Morales Gallen dice que los castigos leves envían un mensaje de que los delitos como la caza furtiva de rosul se consideran intrascendentes. "Hay una falta de conciencia sobre los delitos ambientales. Guatemala es un país muy violento, con robos, secuestros, asesinatos, por lo que los delitos ambientales no parecen tan importantes. Si tienes un caso sobre un secuestro y un caso sobre el medio ambiente, créeme, priorizarán el del secuestro".

López dice que el objetivo no es suavizar el crimen de rosul, sino recurrir a los cazadores furtivos locales para obtener información que pueda dirigir a las autoridades hacia los jefes del contrabando. Ella dice que cuando los líderes de las redes de tráfico son atrapados, a menudo terminan siendo acusados de otros delitos también: falsificación de documentos, soborno de un funcionario público, corrupción, que conllevan castigos más serios, incluida la cárcel.

El hecho de que Guatemala está haciendo algo para combatir el tráfico de rosul es notable, dice Romain Taravella, especialista forestal de la Agencia de Investigación Ambiental. "La aplicación de la ley, en sí misma, en el mundo del rosul es más la excepción que la regla", dice.

A medida que Guatemala lidia internamente con la preservación de su rosul, se avecina una amenaza externa. En la reunión de CITES este mes en Ginebra, los 183 signatarios del tratado considerarán una enmienda que eximiría de restricciones comerciales al rosul para su uso en instrumentos musicales terminados y en las partes componentes de los mismos, así como en los productos de rosul que pesen menos de 500 gramos.

La exención de instrumentos musicales fue parte de una presión ejercida por las industrias productoras de instrumentos estadounidenses y europeas, quienes argumentan "daños colaterales" en las restricciones dirigidas a "la industria del mueble", como lo expresó la Asociación de Industrias de la Música con sede en el Reino Unido. Pero este cambio podría aumentar la demanda de esta preciosa madera. Se espera que esto suceda, y si lo hace, tal como explica Beltetón de CONAP, la carga recaería en los fabricantes de instrumentos fuera de Guatemala para garantizar el origen sostenible del rosul.

Mientras tanto, el robo de los rosul de Guatemala continuará hasta que se aprueben leyes nacionales más estrictas y se intensifiquen las sanciones y las penas. O los árboles se agotarán.

_{Nota al lector: el término "palo de rosa" fue modificado por "rosul" el 19 de febrero de 2019.}