Defensoras del agua luchan contra la escasez crónica del recurso en El Salvador
María Isabel, de 54 años de edad, usa una cubeta de agua para limpiar el maíz que utilizará para preparar tortillas, que luego venderá desde su hogar.
SANTO TOMÁS, EL SALVADOR - Durante meses, Jenny Marilyn Sánchez estuvo atrapada en su hogar, ubicado en la cima de una colina en un vecindario urbano de Santo Tomás, un municipio a más o menos 20 minutos al sur de San Salvador, la capital del país.
En conferencias de prensa y discursos, el presidente del país había alentado a los ciudadanos a que se quedaran en sus hogares y se lavaran bien las manos durante la pandemia. Sánchez quería seguir el consejo, pero los grifos de su cocina y su baño se estaban quedando sin agua, algo común para alrededor de la mitad de los salvadoreños que tienen instalaciones sanitarias en el interior.
La última vez que tuvo agua corriente, Sánchez se aseguró de llenar sus cubetas plásticas, un ritual demasiado familiar para todas las mujeres salvadoreñas. "Las mujeres somos las que más nos preocupamos por el agua porque tenemos que bañar a los niños y lavar los platos", explica.
Durante semanas, en el pico de la pandemia, la única manera que tenía Sánchez de bañarse era arrojarse agua fría de las cubetas en la cabeza. Lo hizo con prudencia para tener suficiente agua con que cocinar, limpiar, y lavar la ropa para ella y su hijo adolescente.
Steven Portillo, de 4 años de edad, se baña al aire libre en su hogar de Caña Brava, una zona rural del municipio de Santo Tomás en El Salvador donde no hay instalaciones sanitarias interiores.
Tatiana Avilés, de 23 años, y Maribel Escobar, de 34 años, lavan su ropa en el río en Caña Brava.
La cantidad de tiempo sin agua fue "indignante", se queja. Pero no se quedó sentada a esperar que la ayuden. Tomó su teléfono y comenzó a llamar al organismo gubernamental local responsable del agua. Cuando eso no funcionó, publicó en su página de Facebook ya que esperaba que la demanda pública los obligara a actuar.
En los últimos años, Sánchez, junto con otras mujeres de Santo Tomás, hogar para 25.000 personas, se han convertido, de manera impensada, en un grupo de defensoras del agua que se organizan de manera formal e informal. Estas mujeres, la mayoría madres en sus cuarenta o cincuenta, no le temen a enfrentar a los oficiales, levantar pancartas de protesta o coordinar campañas telefónicas o en las redes sociales. Sánchez, de 44 años, no forma parte de ningún movimiento organizado, pero suele trabajar con sus vecinas para exigir acceso al agua cuando tienen restricciones.
Jenny Sánchez posa para un retrato en su hogar de San José II, un vecindario del municipio de Santo Tomás, El Salvador. Es una firme defensora del acceso al agua para su comunidad.
En El Salvador, en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una protestante llevaba un letrero que decía "Exigimos agua de calidad".
Con polleras largas y bandanas tradicionales de encaje y floreadas atadas en sus cabellos manchados de gris, estas mujeres no se parecen a las jóvenes activistas femeninas que suelen marchar por las calles de Latinoamérica con bandanas verdes en apoyo al acceso al aborto y con mensajes garabateados en sus pechos descubiertos.
Pero sus exigencias son igual de importantes.
Según un informe de ONU-Agua, las mujeres suelen estar desproporcionalmente afectadas por la falta de este recurso. Están a cargo de administrar sus hogares, lo que incluye asegurarse de que haya suficiente agua para cocinar y limpiar, y para temas de higiene femenina. Es por esto que es más probable que las mujeres estén en las primeras líneas de batalla para traer agua a sus comunidades y no los hombres.
La pandemia ha puesto al descubierto el alcance y el impacto de la crisis de agua en El Salvador, donde aproximadamente el 90 por ciento del agua no es potable para su consumo, según un estudio gubernamental. Alrededor de un 15 por ciento de los salvadoreños no tiene agua corriente en sus hogares y tiene que recoger agua de las tuberías y pozos comunales o del río más cercano afirma un estudio del 2020 llevado a cabo por la Universidad de Centroamérica.
Sánchez es una de las afortunadas en Santo Tomás. Su hogar tiene un sistema de drenaje. Obtiene agua potable de un sistema de tuberías construido por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), organismo público responsable del agua. El sistema saca agua de un río cercano cuando no hay restricciones que hagan que su grifo se seque.
Las mujeres en las comunidades rurales del municipio, que se extiende por alrededor de 23,3 kilómetros cuadrados, tienen que atravesar calles y caminos de tierra para llegar a los grifos públicos que brotan del suelo. Allí, llenan sus jarras y cubetas plásticas con agua para llevarlas de regreso a sus hogares.
Sonia Sánchez comparte este tanque de agua con su hermana Jenny y su hermano. Los tres hermanos tienen cinco hijos en total y, a veces, no reciben la suficiente cantidad de agua para su gran familia.
Mary Reyes Ramírez, de 76 años, ha acumulado una colección de pequeñas botellas en su casa porque las jarras grandes repletas de agua son muy pesadas de cargar para ella.
Los niños corren cerca de unos grifos que distribuyen agua mediante mangueras. Este sistema proporciona agua a todas las personas de Caña Brava.
Estela Ramírez llena su botella de agua con una manguera de los grifos mientras Damarys Ramírez lava su ropa en la pila, un contenedor casero tradicional de piedra o cerámica.
Según U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos), el acceso al agua y a una correcta higiene podría disminuir la cantidad de muertes por COVID-19 en todo el mundo en más de un 6 por ciento, pero las mujeres de Santo Tomás no pueden cumplir con todas las medidas de prevención recomendadas, entre ellas quedarse en casa.
"Si confinamos a las mujeres, que son las responsables de llevar agua a sus casas, estamos quitándoles el derecho que tienen y violando su acceso a la salud", explica Isabel Quintanilla, antropóloga y experta en organización ambiental feminista en REDIA El Salvador, una coalición de investigadores de cuestiones ambientales.
A mediados de marzo, el Ministerio de Salud de El Salvador había informado más de 60.000 casos en el país y 340 casos en Santo Tomás, aunque los pocos exámenes que se realizan en el lugar podrían indicar que el número sea mayor. Las órdenes estrictas de quedarse en casa se han relajado, pero el país sigue en alerta sanitaria. El Salvador comenzó a vacunar a sus ciudadanos en febrero y, para fines de marzo, tenía alrededor del 6 por ciento de la población inoculada.
"No podemos hablar de medidas sanitarias para dar batalla al COVID si no tenemos agua", indica Sonia Sánchez, la hermana de Jenny y líder del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST), una organización fundada en 2009 para apoyar a las lugareñas en sus desafíos diarios más apremiantes, entre ellos la inseguridad alimentaria, la independencia económica y el acceso al agua. La membresía cuenta hoy con alrededor de 75 mujeres de diferentes vecindarios.
Las líderes del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST) reunidas.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua se manifiesta en San Salvador el 22 de febrero de 2021 en apoyo de una ley que garantice que el agua es un derecho humano.
Sonia Sánchez vota durante las elecciones legislativas y municipales en Santo Tomás el 28 de febrero de 2021. Los líderes locales tendrán un impacto directo en el acceso al agua en estas comunidades.
Sonia no es nueva en la lucha por el agua. Desde 2015, ha pertenecido a un grupo de mujeres que intenta ahuyentar un significativo proyecto de desarrollo que aumentaría la demanda de agua y dejaría menos circulando en Santo Tomás.
Junto a otros ambientalistas, argumentaban que no debía permitirse la construcción de un nuevo complejo de departamentos por el daño que provocaba en el ambiente.
Comenzaron a protestar con pancartas en las afueras del lugar de construcción y denunciaron a la empresa por no contar con los permisos correctos.
Sonia Sánchez recuerda que, a medida que las tensiones entre la comunidad y los desarrolladores subían de tono, los hombres que se oponían al proyecto dejaron de presentarse en las reuniones y las protestas.
"Nosotras, las mujeres, éramos las que estábamos en el frente de la batalla". "Nos reuníamos a puertas cerradas y analizábamos lo que había sucedido, y nos preguntábamos cómo íbamos a seguir".
Tradicionalmente en El Salvador, el activismo ha estado dominado por hombres, pero, en los últimos años, las mujeres se han involucrado más, en especial en términos de derechos ambientales, según el relato de Quintanilla. Suelen sufrir sexismo de las personas y las instituciones a las que se oponen, así como también de sus maridos y padres.
"Estas situaciones pueden desalentar a las activistas mujeres a que se unan de manera más significativa y que tomen un rol más predominante", afirma Quintanilla.
"Afortunadamente, en el caso de Santo Tomás, las mujeres no les han prestado atención a estas formas de resistencia".
Durante la marcha del Día de la Mujer, las manifestantes llevaban letreros en protesta por la privatización del agua.
Las mujeres protestaron contra la construcción de Residencial Sierra Verde en Santo Tomás ya que argumentaban que el desarrollo iba a requerir mucha agua.
El paisajismo en Residencial Sierra Verde usa agua valiosa para el riego.
Los miembros de la comunidad tuvieron que excavar sus propios alcantarillados en Caña Brava.
Luego de una batalla que duró años, el complejo de departamentos fue construido cuando el Ministerio de Medioambiente le otorgó los permisos requeridos. La empresa acusó a Sonia por calumnias e injurias. Sin embargo, en el juicio de 2016, Sonia fue absuelta.
El complejo blanco prístino, con su pasto verde tupido que requiere riego constante, se erige como duro recordatorio del acceso desigual al agua en Santo Tomás y en El Salvador.
Aunque las mujeres no hayan podido detener la construcción de este desarrollo, su activismo las preparó para la batalla durante la pandemia.
En Caña Brava, una comunidad rural de Santo Tomás cuyos residentes son agricultores de subsistencia que viven en casas de techos de lata, pisos de tierra y sin instalaciones sanitarias interiores, los residentes sacan agua de unos pocos grifos públicos, unas escasas tuberías que sobresalen por las calles de tierra de la comunidad.
Afirman que las tuberías de agua han estallado aproximadamente dos veces al mes durante la pandemia y esta situación los ha dejado sin agua por hasta una semana cada vez.
María Lilian Sánchez, costurera de 57 años que no es pariente de Jenny ni de Sonia Sánchez, se quedó sin agua hace poco cuando se olvidó de llenar sus recipientes plásticos y su pila, un contenedor casero tradicional de piedra o cerámica.
Tampoco tenía suficiente dinero para comprar agua. Su marido había perdido su trabajo y sus tareas de costurera se habían agotado durante la pandemia. "Un amigo me envío alrededor de 25 bolsas pequeñas con agua", cuenta haciendo referencia a los paquetes individuales que se venden en muchas tiendas de alimentos. "Porque no tenía absolutamente nada de agua".
Cuando las autoridades sanitarias no vinieron a arreglar las tuberías, los residentes señalaron que tuvieron que repararlas ellos.
Luego, los camiones de construcción amarillos llegaron sin aviso previo para construir un nuevo pozo en Caña Brava. Las mujeres alertaron a las autoridades sobre un plan para dirigir la ya escasa agua de la comunidad hacia otro vecindario.
Según Estela Ramírez, un pozo excavado para una residencia privada secó este río, cuya agua había sido utilizada para lavar ropa, regar plantas y beber. Finalmente, la comunidad obtuvo acceso al pozo.
Martiza Portillo (centro) lava ropa mientras Estela Ramírez (derecha) lava los platos y Damarys Ramírez (izquierda) lava el patio. Sin agua corriente, las mujeres realizan las tareas hogareñas al aire libre.
Hace años, hubieran mirado la construcción sin quejarse. Pero, desde que comenzaron a aprender más sobre sus derechos a través de MOMUJEST, reconocieron el poder de su voz.
"Todas fuimos a preguntar quién iba a beneficiarse con la construcción del pozo", menciona Norma Esperanza Martínez, de 40 años y miembro del consejo comunitario local.
Luego de que las mujeres expresaran sus preocupaciones, las autoridades acordaron expandir el proyecto para que beneficiara a los residentes también. Según Martínez, les dijeron que construirían tuberías interiores en docenas de casas en Caña Brava. (Ni las autoridades locales de Santo Tomás ni el organismo responsable del agua en El Salvador respondieron a las consultas sobre el tema).
Los residentes están contentos con el intercambio porque afirman que ayudará a las mujeres a ahorrar tiempo al no tener que ir a buscar agua o lavar la ropa en un río cercano. "Nos afecta mucho como mujeres porque usamos agua a diario y en todo momento", explica Martínez.
Mientras tanto, a casi dos kilómetros y medio de distancia, Jenny Marilyn Sánchez y sus vecinos también celebraban una victoria. Su servicio de agua finalmente era restablecido después de nueve semanas.
Ambos casos tienen algo en común, analiza Sonia Sánchez. "Las mujeres presentes en el proceso".
