La lucha de los inmigrantes para obtener atención médica por la COVID-19

Imelda huyó de la violencia sexual a manos de los cárteles de la droga en la zona rural de Puebla, a unas dos horas de Ciudad de México, y llegó a Nueva York en 2013. No tenía seguro médico, apenas hablaba inglés y, como inmigrante indocumentada, evitaba situaciones que exigieran revelar su identidad.

Por eso, en marzo de 2020, incluso cuando la ciudad se convirtió en el epicentro nacional de la pandemia de COVID-19, Imelda, quien pidió que no se utilizara su apellido por riesgo de deportación, se resistió a ir al hospital por su creciente fiebre y fatiga. "Cuando empezaron los síntomas, quise ir", cuenta, pero sus temores pesaron más que su deseo de recibir tratamiento.

Desde que llegó a Estados Unidos, Imelda solo había visitado un hospital una vez, para el nacimiento de su segunda hija. Pero, además de preocuparse por revelar su estatus de inmigrante, tenía miedo de incurrir en facturas médicas que superaran lo que ganaba limpiando casas. Retrasar o renunciar a la atención médica para la COVID-19 fue una decisión que Imelda y muchos otros inmigrantes indocumentados tomaron debido a los singulares desafíos sanitarios a los que se enfrentan en Estados Unidos, desafíos de desigualdad que tienen consecuencias a nivel nacional.

En Estados Unidos hay más inmigrantes que en ningún otro país del mundo: Según las últimas estimaciones, 46.7 millones de personas nacidas en el extranjero residen en ese país, lo que supone casi el 14% de la población nacional. Alrededor de 11 millones de estas personas son indocumentadas, pero han ocupado puestos de trabajo críticos que los ciudadanos a menudo no quieren (como el trabajo en los campos agrícolas, la industria de servicios y en los centros de salud) y pagan miles de millones en impuestos cada año.

Inmigrantes: quiénes acceden al seguro médico en Estados Unidos

Según un informe de diciembre de 2020 de la organización política bipartidista FWD.us, el 69% de los trabajadores inmigrantes indocumentados en EE.UU. desempeñaron trabajos considerados esenciales durante la pandemia, y tuvieron un 50% más de probabilidades de contraer la COVID-19 que los trabajadores nacidos en EE.UU. Para muchos, esto significa sobrevivir a una emergencia de salud pública mientras trabajan en empleos mal pagados (a menudo en primera línea) que no ofrecen beneficios. También puede significar no ser elegible para el seguro de salud público gratuito o subsidiado. Para agravar estos problemas, innumerables trabajadores desconocen sus opciones de cobertura o temen acceder a ellas.

Un estudio de 2017 reveló que cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos carecen del seguro médico necesario. Esta situación conduce a que, por lo general, una gran proporción de esta comunidad retrase la atención, lo que podría desencadenar en complicaciones de salud o una enfermedad avanzada y una mayor dependencia de las salas de emergencia. "Cuando no pueden pagar esos costes, el dinero va a parar a los gastos de atención no compensada, lo que aumenta la deuda del sistema sanitario", explica Drishti Pillai, director de política sanitaria para inmigrantes de la Kaiser Family Foundation, una organización sin ánimo de lucro que se centra en cuestiones de salud nacional.

Para quienes, como Imelda, viven en la sombra, la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto una vez más las profundas desigualdades en el acceso a la atención médica en Estados Unidos. Incluso hoy en día, la gente de esta comunidad desatendida sigue sufriendo, a menudo con poca ayuda.

Cómo es la atención médica a los inmigrantes indocumentados

Además de los costes médicos y el acceso a los seguros, una falta de confianza constante ha disuadido a la creciente población inmigrante del país de comprometerse con el sistema sanitario. Esta desconfianza se debe en parte a la discriminación que sufren los inmigrantes por su aspecto, su procedencia o su incapacidad para hablar inglés. "Es muy duro", lamenta Imelda.

La retórica antiinmigrante también ha impedido a la comunidad indocumentada acceder a la atención médica oportuna. En el Centro Hospitalario de Elmhurst, en Nueva York, que atiende en gran medida a la población inmigrante de bajos ingresos de la ciudad, "hemos observado cómo nuestro volumen se reduce en los momentos en que hay debates nacionales sobre la inmigración y sobre si era buena o mala para el país", señala Stuart Kessler, uno de los médicos de urgencias del hospital.

En Houston, los investigadores observaron que las inmigrantes latinas retrasaron su primera visita de atención prenatal y redujeron el número de visitas en general durante sus embarazos después de julio de 2015, cuando la retórica en torno a la deportación se intensificó en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016.

Ese miedo a acceder a la atención sanitaria en un clima de creciente sentimiento antiinmigrante continuó hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se produjo y exacerbó aún más las barreras ya existentes entre el sistema sanitario y esta población desatendida.

"No nos dimos cuenta de que nuestros sistemas de atención médica estaban tan fracturados y de que tanta gente podía caer en las grietas porque éstas eran enormes", advierte Jairo Gúzman, presidente de Mexican Coalition, un grupo de defensa de los derechos de los niños y las familias con sede en Nueva York.

Eso le ocurrió a Imelda en marzo de 2020. Sin nadie a quien consultar y sin un lugar en el que aislarse, soportó sus síntomas similares a los de la COVID-19 durante una semana en el apartamento de tres habitaciones que compartía con otras siete personas, incluidos su marido y sus dos hijos. Al ver que le costaba respirar, la visita al hospital se convirtió en una necesidad urgente.

Acudió a un hospital y, en una sala de urgencias desbordada, esperó nerviosa a un intérprete en línea para poder hablar con el personal médico y saber si tenía COVID-19. "Cinco minutos es todo lo que conseguí", relata, lo que no fue suficiente para explicar todos sus síntomas al tiempo que respondía a las preguntas del médico y tomaba nota de sus instrucciones sobre los pasos a seguir.

El equipo médico no le hizo la prueba de COVID-19 porque la radiografía de tórax no mostraba ninguna irregularidad. En su lugar, una enfermera le dio Tylenol para bajar la fiebre y, a las pocas horas, Imelda fue enviada a casa con la seguridad de que recibiría llamadas telefónicas de control y que podría volver si sus síntomas empeoraban.

Inmigrantes indocumentados: el costo de una visita a urgencias por COVID-19

Sin embargo, no hubo llamadas y la salud de Imelda siguió empeorando. Durante las cuatro semanas siguientes, su respiración se hizo cada vez más difícil y su cuerpo se vio consumido por un agotamiento extremo. "Caminaba un poco y me faltaba el aire, y algunos días no podía ponerme de pie. Pensé que estaba acabada: esto era todo", recuerda.

La factura de 400 dólares de su primera visita a urgencias la disuadió de buscar más atención. Más tarde, el hospital le redujo la factura a la mitad porque había perdido su trabajo de limpieza.

Al recordar estos problemas, Imelda lloró cuando nos reunimos en su casa en mayo de 2022. Es consciente de que las consecuencias de haber retrasado la atención podrían haber sido fatales, y conoce a otras personas que siguen luchando contra los síntomas persistentes sin buscar ayuda médica.

La COVID-19 golpea a los que viven en la sombra

Incluso ahora el verdadero impacto de la COVID-19 en los inmigrantes indocumentados, especialmente en los primeros meses de la pandemia, sigue siendo oscuro.

Una de las pacientes de Susan Rodríguez en Nueva York, una mujer ecuatoriana de 88 años, perdió a su hijo a causa de la COVID-19, posiblemente porque esperaron demasiado tiempo para buscar atención médica. Ambas estaban indocumentadas y sin seguro y decidieron tratar sus síntomas en casa. Finalmente, no tuvieron más remedio que llamar al 911 y llevarlo a un hospital. Pero las intervenciones médicas llegaron demasiado tarde. Falleció dos días después, lo que dejó a su madre desconsolada y sin saber cómo afrontar la situación.

"Ella nunca había acudido a terapia en su vida", cuenta Rodríguez, trabajadora social clínica y terapeuta licenciada. "Venía con mucha culpa", y deseaba haber sabido que podía solicitar el programa de seguros Medicaid de emergencia para cubrir los gastos.

"Nos enteramos de casos en los que la gente se quedó en casa o retrasó la atención por la COVID-19 casi todos los días", añade Don García, director médico de la Clínica Romero, un centro de salud comunitario de Los Ángeles que atiende principalmente a la población latina e inmigrante. Algunas de estas personas se salvaron de la muerte por poco.

Antonio, quien pidió que no se utilizara su nombre completo por su condición de inmigrante, fue uno de ellos. Es indocumentado y había llegado a Oxnard, una ciudad del área metropolitana de Los Ángeles, desde México en 2019. Aterrorizado por revelar sus datos personales, este trabajador de restaurante de 40 años permanecía sin seguro y sin vacunar. Se infectó en diciembre durante la ola de ómicron y su estado se deterioró rápidamente.

"Al sexto día estaba tan desesperado que quería ir a un hospital", dice, pero decidió no hacerlo por su situación de inmigrante. "Hubo tres días en los que estuve completamente perdido, apenas consciente, no tenía ni idea de si estaba vivo", relata, abrumado por la emoción mientras se remueve en su silla y agarra un pañuelo de papel para secarse las lágrimas.

Avergonzado, Antonio se disculpa y mira alrededor de la sala de conferencias de la oficina del Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco Indígena, sin ánimo de lucro, en Oxnard, en abril de este año. Tras una pausa, recuerda cómo suplicó a su jefe que le aceptara de nuevo después de faltar al trabajo durante casi 22 días; estaba atrasado en el pago del alquiler y tenía una familia que mantener. "Creo que es muy diferente tener COVID siendo inmigrante en este país", sostiene.

Los que acudieron al sistema médico a veces experimentaron un comportamiento discriminatorio en forma de trato grosero o irrespetuoso por no hablar inglés, o sintieron que no se les escuchaba.

"La gente del sistema sanitario puede llegar con una visión sesgada", afirma Mireya Vilar-Compte, profesora de salud pública de la Universidad Estatal de Montclair, en Nueva Jersey, y experta en desigualdades sanitarias. Destaca la necesidad de contar con más médicos, enfermeras y personal administrativo de diversos orígenes étnicos y raciales como parte de la solución.

Vivir con COVID-19

Tras más de dos años de pandemia, las poblaciones de inmigrantes indocumentados siguen sintiendo que tienen pocos lugares a los que acudir mientras luchan contra las secuelas de la enfermedad que les afectó de forma desproporcionada. Con poca ayuda, algunos están soportando largos síntomas de COVID, como fatiga, niebla cerebral y dificultades para respirar y dormir, así como ansiedad y depresión.

En Los Ángeles, Ana, quien también pidió que no se mencionara su apellido por temor a ser deportada, se ha estado automedicando para controlar la fatiga y el dolor corporal que ha persistido durante meses después de su infección por COVID-19 el verano pasado. Ha evitado visitar a un médico porque no tiene seguro y está indocumentada, así que esta empleada doméstica a tiempo parcial de 38 años utiliza analgésicos que compra a vendedores ambulantes en el centro de Los Ángeles.

"Ha llegado un punto en el que me siento deprimida porque voy a tener que tomar estas pastillas de por vida. Necesito trabajar rápido, pero me canso", alerta.

Afortunadamente para Imelda, quien a pesar de estar vacunada ha contraído COVID-19 dos veces desde su diagnóstico de marzo de 2020, Nueva York amplió su programa de atención médica para el distrito donde vive, Queens, en septiembre de 2020. Llamado NYC Care, este programa financiado por la ciudad garantiza servicios gratuitos y de bajo costo para todos los neoyorquinos que no califican o no pueden pagar un seguro de salud, independientemente de su estatus migratorio.

Desde entonces, Imelda ha buscado atención médica para hacer frente a sus palpitaciones, problemas para dormir y respirar, y a la depresión posterior a la enfermedad. Sin embargo, en todo el país, estos programas son escasos, afirma Pillai. En la actualidad, siete estados y el distrito de Columbia ofrecen algún tipo de cobertura sanitaria para algunos o todos los grupos de edad de la población indocumentada, pero afirma que este esfuerzo debería ampliarse a nivel nacional. 

Cuando las personas pueden recurrir a la atención primaria y preventiva, dependen menos de los servicios médicos de urgencia, que son extremadamente caros. "Económicamente, a largo plazo, no es la mejor idea impedir que algunos grupos accedan a prestaciones a las que muchos de ellos ya contribuyen", sostiene Pillai.

Pero ese esfuerzo requeriría abordar los prejuicios y la discriminación existentes en el sistema médico. A pesar de que hoy cuenta con cobertura, Imelda afirma no sentirse tratada igual que un estadounidense". Especialmente en lo que respecta a la atención sanitaria, "me gustaría que todo el mundo fuera asistido igual", concluye.